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El domingo 4 de septiembre la ciudadanía chilena rechazó mayoritariamente la propuesta de texto constitucional, abriendo una nueva oportunidad de diálogo nacional respecto de temas centrales del pacto social. Desde la Red de Universidades Públicas no Estatales G9 valoramos este proceso democrático, con alta participación y destacamos del excelente funcionamiento de nuestro Servicio Electoral que una vez más estuvo a la altura de este momento histórico nacional.

En Educación Superior, el texto que se proponía como posible nueva Constitución no reflejaba la tradición universitaria chilena, proyectando graves consecuencias para el sistema educativo nacional en términos de autonomía, calidad y financiamiento. Históricamente, la riqueza de nuestro sistema universitario es el resultado de haber integrado desde sus orígenes tanto universidades estatales como no estatales de función y servicio público con un trato muy similar, consagrado en forma constitucional el año 1971 un trato igualitario. Sin embargo, en la propuesta esa realidad no era recogida y se daba un giro profundo privilegiando solo lo estatal.

Las Universidades Públicas agrupadas en la Red G9 hemos sido funcionales al desarrollo de la educación pública chilena y esencial para que, en definitiva, el Estado pueda alcanzar sus propios fines. Como red reunimos a nueve casas de estudio del norte, centro y sur de nuestro país. Ocho de las universidades de la red se encuentran en regiones fuera de la Metropolitana, territorios en los cuales cumplen un rol prioritario y, muchas veces, exclusivo.

Para seguir generando educación y producción de conocimiento de excelencia en el futuro, es necesario garantizar un trato equitativo entre las universidades públicas no estatales y las universidades del Estado, en lo concerniente a la preservación de las garantías de autonomía en la gestión y en el régimen de financiamiento simétrico, sin discriminación y en condiciones de equiparación con las instituciones estatales. Así, se podrá alcanzar el necesario equilibrio entre la dimensión de prestación del derecho a la educación como un derecho social y de la libertad enseñanza.

Como agrupación ponemos a disposición todas nuestras capacidades académicas para aportar al diálogo nacional. El proceso constituyente que se abrirá ahora, independiente de su mecanismo, representa una nueva oportunidad para que el país, a través del Estado, asuma vigorosamente el resguardo de las universidades públicas -con independencia de la modalidad de provisión que ellas tengan-, estatal o no estatal, garantizando la provisión y acceso a una educación superior equitativa, inclusiva, pluralista y de excelencia que la ciudadanía demanda.





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